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EMGD entendiendo la misma como aquella que se
refiere a políticas públicas o privadas que dificultan de
forma intencionada o no las oportunidades de personas
con EMGD. Como reconocen Martín-Escudero, Jenaro-
Río17, “faltan leyes que luchen contra el estigma social”.
No hay más que revisar la legislación española de las
últimas décadas para comprobar hasta qué punto el
estigma social hacia estas personas ha condicionado
su incorporación a la sociedad como ciudadanos de
pleno derecho. Hasta la Constitución española de
1978, las personas con enfermedades mentales,
podían ser privadas de libertad de manera indefinida
sin que se realizara control judicial alguno18. Y no es
hasta el año 1986 con la aprobación de la Ley General
de Sanidad, cuando se equipara a las personas con
enfermedades mentales al resto de usuarios de
servicios sanitarios19. Posteriormente a dicha ley, se ha
regulado el internamiento involuntario en instituciones
psiquiátricas. Esto es algo que no deja de ser
paradójico, puesto que si dicha regulación se realiza
para garantizar los derechos de la persona enferma,
esto supone una diferenciación respecto del resto de
“enfermos”19.
En el año 2014 desde el Gobierno de España, a
través del Ministerio de Justicia, se ha planteado un
anteproyecto de ley para la modificación del Código
Penal vigente, en el que se incluye la posibilidad de
internar de forma indefinida a una persona que haya
cometido un delito por el hecho de estar diagnosticada
de EMGD, este es un claro ejemplo del estigma
estructural, puesto que desde una institución pública se
toma un decisión que parece basada en la idea
preconcebida de que estas personas pueden resultar
peligrosas para el entorno por el hecho de tener un
diagnóstico psiquiátrico. Además, supone una
modificación sustancial a la legislación actual que
contribuiría de forma evidente a la discriminación,
puesto que cuando una persona comete un delito y es
declarada inimputable por padecer una enfermedad
mental, el juez puede solicitar una medida de seguridad
privativa de libertad (o no), que suponga el
internamiento de la persona en una institución
psiquiátrica por el mero hecho de presuponer que la
persona que padece una EMGD puede volver a
cometer un delito. Aunque para la población general, la
duración del internamiento, nunca puede ser superior a
la que se pondría en caso de ser imputable, la
modificación de varios artículos cambia este hecho
para las personas diagnosticadas.
A modo de ejemplo, la reforma del artículo 98 del
Código Penal, indica lo siguiente, “El juez o Tribunal
podrá acordar el internamiento en un centro psiquiátrico
del sujeto… si tras efectuarse una evaluación
exhaustiva del mismo y de la acción que llevó a cabo,
exista base suficiente para concluir que, debido a su
trastorno, es posible prever la comisión por aquél de
Enfermedad mental y estigma en jóvenes. Un estudio cualitativo
nuevos delitos y que, por tanto, supone un peligro para
la sociedad”. Otro ejemplo más, la modificación del
artículo 99 permitiría que un juez decrete la continuidad
del internamiento si “…es posible prever la comisión
por aquél de nuevos delitos de gravedad relevante”.
Llama la atención que esta previsión de delitos futuros
sólo se permita en aquellas personas que tengan un
diagnóstico psiquiátrico.
Si esta modificación del Código Penal llegara a
producirse, se estaría perpetuando la imagen negativa
de las personas con EMGD, puesto que de forma
explícita, se les diferencia del resto de la población por
el hecho de padecer una enfermedad y se les otorgan
unas características estigmatizadoras como son la
peligrosidad (indicada claramente en la modificación
del artículo 98), la incontrolabilidad e impredecibilidad,
que justifican de forma perversa el internamiento
indefinido, incluso cuando se haya cumplido la pena
impuesta, algo que no sucede con el resto de la
población.
Estas evidencias, junto con el compromiso diario para
tratar de conseguir entornos más inclusivos, son las
que nos han motivado para desarrollar una labor para
combatir el estigma, iniciando una investigación sobre
si los jóvenes tienen características similares a las de la
población general, en relación al estigma hacia
personas con EMGD8. Para ello desarrollamos un
programa que denominamos “Jóvenes y enfermedad
mental”, que tiene entre sus objetivos, además de
conocer el estado de la cuestión, proponer y desarrollar
alternativas de intervención para reducirlo en caso de
que esté presente de forma significativa. Existen
evidencias que muestran la existencia de creencias
erróneas entre los jóvenes, hacia personas con EMGD
que apoyan la intervención con jóvenes21. Por otra
parte, entendemos que la intervención dirigida a
modificar creencias y actitudes puede resultar más
efectiva entre la población joven, que aún está
adquiriendo y asentando categorías y conocimientos
sociales. Durante esta etapa del desarrollo se tiene una
mayor plasticidad y permeabilidad al cambio de
actitudes que en la población adulta, cuyas creencias
sociales se encuentran más arraigadas y ofrecen
menor posibilidad de cambio. Creemos también, que el
rango de edad elegido, supone un momento del
desarrollo en el que se es especialmente vulnerable a
la información que se recibe del entorno. Además,
parece ser que el estigma hacia la enfermedad mental
es una de las cuestiones que más influyen en que los
jóvenes no busquen ayuda y tiendan a ocultarlo, en el
inicio de patologías mentales22-24.
Método
Este programa está dividido en tres fases. Una
primera de recogida de información, para lo que se
creó una pequeña batería de cuestionarios
Rehabilitación Psicosocial 2014; 11(2): 1-8 3