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EDITORIAL
Declaración FEARP ante la propuesta de reforma del Código
Penal
La FEARP (Federación Española de Asociaciones de
Rehabilitación Psicosocial) quiere manifestar que las
modificaciones que introduce el Proyecto de Ley de
Reforma del Código Penal que se tramita en el
Congreso de los Diputados, suponen una grave
restricción de los derechos jurídicos y un grave riesgo
de exclusión y efecto estigmatizador de las personas
diagnosticadas de enfermedad mental. La propuesta
planteada por el Gobierno, al introducir el concepto de
probable “peligrosidad del sujeto” aplicable a las
personas que sufren una enfermedad mental
(modificaciones de los artículos 95 al 99), ya no
condena sólo los actos punibles sino a la persona que
en tanto que enferma mental pueda “valorarse como
peligrosa”. Como consecuencia, introduce cambios en
las medidas de seguridad y de privación de libertad,
incluso indefinida, aplicables a las personas con
enfermedad mental unidas al concepto de “probable
peligrosidad”, relegando las medidas rehabilitadoras y
de reinserción social ofertadas en servicios
especializados.
Según se expone en el texto del anteproyecto de ley,
observamos varias cuestiones que vulneran los
derechos civiles de las personas con enfermedad
mental (EM):
- Se posibilita la prolongación sucesiva de la
medida de seguridad de internamiento más allá de
la duración de la pena que se impondría. Esta
privación de libertad podría llegar a ser indefinida -
concatenando medidas de internamiento
prorrogables a criterio del juez, por periodos de 5
años sucesivos-, si se presume que pueda existir
peligrosidad asociada a la enfermedad mental o a
la discapacidad intelectual, que pueda favorecer la
comisión de nuevos delitos de especial gravedad.
- Se favorece la imposición automática de la medida
de libertad vigilada en supuestos de supresión de
la medida de internamiento, para neutralizar la
posible peligrosidad. Resulta discriminatorio que la
supresión del límite máximo de la duración de las
medidas solo se aplique a las personas con
enfermedad mental o discapacidad intelectual.
- Se presupone una presunta peligrosidad a la
persona con EM, al señalar que se faculta a la
Junta de Tratamiento, junto con el Ministerio
Fiscal, para que propongan al juez que, en base a
la presunta peligrosidad, acuerde la prolongación
de las medidas antes mencionadas. No hay datos
clínicos, ni fundamentos científicos que permitan a
los profesionales evaluar la presunta peligrosidad
de la persona, por lo que a los servicios de gestión
de penas les va a ser difícil establecer las
circunstancias que en cada caso concreto se
pretenda el establecimiento de estas medidas.
FEARP defiende que estos cambios legislativos
contravienen declaraciones, recomendaciones y planes
de actuación de ámbito internacional y nacional. La
“Convención Internacional sobre los derechos de las
personas con discapacidad” (Nueva York, diciembre de
2006), aprobada y ratificada por España en abril de
2008, proporciona recomendaciones legislativas
dirigidas a que las personas con discapacidad
obtengan plenos derechos civiles, culturales,
económicos, sociales y políticos.
Los organismos internacionales (Naciones Unidas)
que defienden los derechos de las personas con
discapacidad establecen de manera sólida y
contundente los principios y actuaciones para la
atención de las personas con enfermedad mental que
los Estados han de llevar a cabo en sus ámbitos
legislativos, asistenciales y de protección social. Por
ello, es nuestra obligación recordar y señalar aquellos
que afectan directamente a los aspectos recogidos en
el anteproyecto de ley de reforma del Código Penal y
que se verán vulnerados, al recortar estos derechos y
las garantías procesales en los juicios “rápidos”, si no
se realizan las modificaciones oportunas que
exponemos.
La Conferencia Ministerial de la OMS (Helsinki, 2005),
conocida como la Declaración de Helsinki para la Salud
Mental, recoge que los Estados Miembros de la Región
Europea se comprometen a apoyar varias medidas y
planes de actuación. Entre ellos se destaca:
• Rechazar el estigma y la discriminación: Han de
ser protegidos los derechos humanos de las
personas que sufren una enfermedad mental
desarrollando la legislación pertinente que elimine
el estigma y la discriminación de esas personas.
• El desarrollo de servicios comunitarios
sustituyendo a la atención institucionalizada.
Existe la suficiente evidencia y experiencias
asistenciales que muestran la efectividad de los
servicios comunitarios en el tratamiento y
recuperación de las personas con EM.
• Preparar políticas e implementar actividades en
contra del estigma.
• Finalización de tratamientos y cuidados
inhumanos y degradantes, promulgando los
derechos humanos y la legislación de salud
Rehabilitación Psicosocial 2014;11 (1): 3-5 3