Page 6 - Revol111

Editorial
mental, ajustándose a las normas de la
Convención de las Naciones Unidas y la
legislación internacional.
• Incrementar el nivel de inclusión social de las
personas con problemas de salud mental.
Por otro lado, un reciente documento elaborado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en
colaboración con la Secretaría de Instituciones
Penitenciarias (Documento de Consenso de las
Comisiones de análisis de casos de personas con
enfermedad mental sometidas a penas y medidas de
seguridad, diciembre de 2012), analiza los principales
problemas y recomendaciones con relación a las
personas con enfermedad mental que han cometido
delitos. Basándonos en dicho texto, señalamos a
continuación las siguientes cuestiones fundamentales
que entendemos han de tenerse en cuenta en la
planificación y ejecución de cualquier cambio
legislativo:
• No se han aportado datos que demuestren un
aumento del riesgo para la seguridad en la
comunidad, cuando se actúa primando la
derivación de enfermo mental -sometido a
medidas de seguridad- hacia recursos más
asistenciales frente a otros de mayor control.
• Una adecuada derivación reduce la reincidencia.
• Una adecuada derivación ahorra costes sociales y
económicos.
• Una adecuada derivación precisa la creación de
mecanismos estables de coordinación entre
administraciones
Dicho documento identifica una serie de problemas
para los que plantea recomendaciones. Entre todos
ellos, desde FEARP queremos destacar los siguientes
por su relevancia:
Problemas:
Hay escasez de recursos socio-sanitarios para
personas con enfermedad mental que necesitan
mayor atención en el contexto comunitario
(personas con enfermedad mental con escaso
control ambulatorio, nula o baja conciencia de
enfermedad, escasa o nula red social, bajo nivel
económico y necesidad de servicios asistenciales
muy especializados).
Hay una falta de mecanismos de detección
temprana y de evaluación del riesgo, antes de que
personas con enfermedad mental entren en
contacto con el sistema judicial.
No existe un entendimiento y coordinación entre
las administraciones involucradas: justicia,
administración socio-asistencial, penitenciaria, ni
se atiende el punto de vista del usuario o los
agentes sociales que lo representan, a la hora de
establecer mecanismos adecuados de reinserción
4 Rehabilitación Psicosocial 2014; 11 (1): 3-5
Recomendaciones:
Creación de un organismo multidisciplinar (justicia-
sanidad -servicios sociales-usuarios) con una
cobertura normativa capaz de reunir la información
de manera coordinada e interdisciplinar, hacer
evaluaciones periódicas de su estado de salud y
mantener una labor de intermediación entre las
administraciones. Han de ser espacios concretos
de coordinación que trabajen casos desde el
principio (no esperar a final de la condena),
realizando el seguimiento con evaluaciones
periódicas.
Crear programas individualizados que desarrollen
intervenciones adecuadas para la atención de
personas con trastorno mental grave en la
comunidad, garantizando la accesibilidad de
aquellos que tienen especiales dificultades.
Potenciar estrategias de búsqueda activa del
enfermo en su entorno que faciliten su adherencia
terapéutica y aseguren una continuidad asistencial
en el propio entorno de la persona. Las
intervenciones terapéuticas realizadas por equipos
comunitarios (Equipos de Tratamiento Asertivo
Comunitario, de Apoyo Social Comunitario o
similares), trabajando en coordinación con las
autoridades penitenciarias y judiciales, cuando la
persona necesita un seguimiento de su
enfermedad, garantizan una adecuada atención y
evitan la reincidencia.
Analizar las necesidades de recursos para
planificar su desarrollo y publicar un mapa de
recursos disponibles en las diferentes
administraciones y entidades sociales.
Que los recursos para el cumplimiento material de
las medidas de seguridad sean asumidos por las
Comunidades Autónomas.
Realizar una especial valoración y seguimiento de
la incidencia que está teniendo, en la población
con trastorno mental, la normativa sobre juicios
rápidos y medidas cautelares.
Dotar de recursos adecuados en los servicios de
salud mental y servicios sociales para atender a la
población con trastorno mental grave, con
antecedentes de conducta delictiva y escaso
seguimiento de los tratamientos, tomando como
referencia modelos de tratamiento comunitario.
Por ello, FEARP manifiesta que:
La peligrosidad no es un concepto clínico, ni
psicopatológico y que no hay fundamentos
científicos para poder predecir la presunta
peligrosidad de una persona con trastorno mental.
Por tanto, solicitamos la retirada del término de
peligrosidad como una característica inherente a
la persona que padece una enfermedad mental.
Apelar a la presunta peligrosidad de las personas