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Informe de Aragón
la ley. En cuanto a Salud Mental: ha sido de gran ayuda
la Guía para evaluadores de la FEARP. En este
momento se da mucha importancia a las indicaciones
que se hacen desde el informe médico, que es
considerado como una guía para la evaluación. Se han
establecido pruebas evaluadoras más ajustadas. Se
da más importancia a los aspectos negativos/pasivos
de la enfermedad (síntomas negativos).
- Se ha empezado a observar en las calificaciones de
discapacidad, valoraciones de factores sociales con
0 puntos (puntuación con un máximo de 15 puntos)
y no se sabe a qué se debe, así como valoraciones
de discapacidad muy a la baja que dejan sin
derecho a prestación.
- Se han producido subidas considerables en el
alquiler social (“Zaragoza Vivienda”) incrementando
las mensualidades en un 25%.
- Se están eliminando en muchas zonas rurales los
transportes sociales de los que se beneficiaban
algunos de nuestros usuarios sin vehículo propio y
carencias importantes en red de medios de
transporte para cualquier traslado.
Cambios producidos en el ámbito de Laboral
- El Ministerio de Trabajo ha eliminado la medida
transitoria propuesta por la ley 27/2009 referida a la el empobrecimiento y la precariedad para el futuro
subvención del 75% del SMI para el mantenimiento
de empleo para paliar la situación de crisis.
PROPUESTA: Extender la medida transitoria
propuesta por la ley 27/2009 referida a la
subvención del 75% del SMI para el mantenimiento
de empleo por un periodo de cinco años.
- Se está en la misma situación de retraso del pago
de subvenciones de los CEE.
- Desaparecen las ayudas para contratación de
profesionales para apoyo a los itinerarios de
Inserción.
- Se está dando una disminución de contratos de
productos y servicios de los CEEs con la
administración pública.
- Disminución de la actividad económica, implica
situaciones de ERE aplazado.
- Disminución presupuestaria para Escuelas Taller y
Talleres de empleo. No aprobación del Taller de
empleo Pastores (Sabiñánigo) en el que la mitad de
los trabajadores era de personas con enfermedad
mental.
- Se han comenzado a producir situaciones de ERE,
de despidos y de aumento considerable de las listas
11 Rehabilitación Psicosocial 2012; 9 (1 y 2): 3-35
de espera para los dispositivos de rehabilitación
laboral.
- La precarización en las medidas laborales y el
abaratamiento de los costes salariales no hace
competitiva la contratación en el empleo ordinario de
personas con discapacidad, con lo que el colectivo
ha incrementado de una manera sustancial sus
dificultades de empleabilidad.
- Financiación decreciente desde otros programas
públicos y desde la financiación privada: Las
entidades que gestionan servicios, en especial de
Rehabilitación Psicosocial, hasta ahora, para la
financiación de nuevos proyectos o apartados de
programas en activo, podían tener acceso a
presentarlos en otros Departamentos tanto de
Servicios sociales, Trabajo, ayuntamientos,
Diputaciones. Ha habido una reducción drástica de
estos fondos, así como los que iban unidos a la
financiación desde programas europeos. Se reducen
además los programas formativos tan útiles para los
programas de RH.
En cuanto a la financiación privada, las entidades
financieras en especial las cajas de ahorro, al
convertirse en bancos, han eliminado o restringido el
papel de las Obras Sociales de las que dependían
muchos proyectos en especial en inversiones. Dada la
descapitalización y falta de financiación en inversiones
(inmovilizado), la perspectiva de muchas entidades es
inmediato.
2. CAMBIOS PRODUCIDOS DIRECTAMENTE EN LA
RED ASISTENCIAL RPS
Debido a la amplia existencia de dispositivos
concertados en la red de rehabilitación psicosocial en
nuestra C.A, la asistencia en RPS está siendo la más
gravemente afectada, tal como se menciona en el
punto 1.
La disminución de las tarifas supone un
empobrecimiento de la calidad asistencial al usuario
porque se produce un incremento de las listas de
espera de los recursos de RPS (antes admitían a más
pacientes a la espera de ser posteriormente
remuneradas esas plazas por la Administración
Sanitaria), una reducción de la oferta de actividades y
programas de rehabilitación (al reducirse
horas/profesional), una reducción de la calidad de vida
del usuario (al incrementarse el % de su aportación
económica) y, por tanto, afectación de las posibilidades
de normalización social en su entorno.