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Informe de Castilla y León
- Los empleados públicos verán congeladas sus
retribuciones en 2012.
- La Administración autonómica pretende reducir el
gasto asociado a la actividad de los funcionarios a
través de medidas como flexibilizar sus horarios,
promover acciones de ahorro energético y rebajar el
coste de los servicios asociados a la seguridad y la
limpieza.
- Se ha propuesto una nueva regulación que limite la
aportación económica de la Administración cuando
un trabajador esté de baja por incapacidad temporal. otorgado a Castilla y León la máxima puntuación del
- Se prevé la disminución de liberados sindicales,
pasando de 950 a 658, lo que supondrá un ahorro
de 136 millones d euros, según los cálculos del
Ejecutivo autonómico, quien prevé adecuar estas
mismas condiciones laborales a sus empresas
públicas.
Modelo organizativo
En Castilla y León se ha puesto en marcha el
Proceso Integrado de Atención Sociosanitaria a
personas con discapacidad por Trastorno Mental.
Hasta el momento es un proyecto piloto que se lleva a
cabo en Zamora y Segovia. El acceso a los recursos
sociales y sanitarios se ha integrado en un solo
proceso de valoración y asignación de recursos. Se
realiza un plan de intervención único por persona a
través del Plan Individualizado de Atención (PIA), con
el que se garantiza la continuidad en la atención y
cuidados, y el seguimiento está coordinado por los
sistemas social y sanitario. De este modo se
proporciona un sistema de atención flexible, desde
domicilio hasta residencia, promoviendo la autonomía
personal y la participación en la vida normalizada. Los
recursos se asignan desde el Equipo Mixto de cada
provincia, formado por Servicios Sociales (territorial y 2010 fueron de 878,61 millones y en 2011 de 875,61
local) y Sanidad (comisión de área psiquiátrica). Se
actúa por consenso, y si este no se consigue, el caso
se asigna a la Comisión Mixta Regional.
Aplicación de mecanismos de gestión que busquen
aumentar la eficacia y eficiencia de las actuaciones: la de 590,2 millones y en 2011 de 523,9 millones.
unificación en los criterios de valoración de todos los
usuarios, sean o no personas en situación de
dependencia; la solicitud unificada a los Servicios
Sociales y a la Dependencia; y un sistema de firma
electrónica para la tramitación más rápida de los
expedientes. Todas estas medidas podrían ahorrar en
total unos 100.000 euros el primer año. Se está
implantando un control del gasto en los centros propios
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de la Consejería.
Con respecto a la aplicación de la Ley de
Dependencia, en Castilla y León se sigue un modelo
descentralizado, el cual se apoya en la red de servicios
sociales básicos, cuya gestión directa se desarrolla en
el ámbito local municipal como la red que soporta la
información, la valoración, la elaboración del Plan
Individualizado de Atención (PIA) y el seguimiento. Este
proceder conlleva la coordinación con las
corporaciones locales y un importante esfuerzo por
dotarlas de más personal y medios.
El IX Observatorio estatal de Dependencia ha
panorama nacional en cuanto a la gestión de la Ley de
Dependencia, de modo que ha recibido un 9,6 sobre 10
en esta evaluación que realiza la Asociación de
directores y gerentes de Servicios Sociales, lo que la
sitúa a la cabeza de las regiones del país. Son 63.000
las personas que reciben asistencia con una lista de
espera de apenas el 5% frente al 27% de la media
nacional. La consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades de Castilla y León destaca que el éxito
se debe a la unificación del sistema de acceso a través
de una única evaluación y la apuesta por los servicios
prestados por profesionales frente a las prestaciones
familiares.
Cambios en prestaciones
Este año se dotará con 32,25 millones de euros para
financiar las prestaciones de la Renta Garantizada de
Ciudadanía, lo que supone un 19,46% más de lo
contemplado en los Presupuestos Generales de la
Comunidad de 2011 (27 millones de euros, y el gasto
acumulado final fue de 27,73 millones).
Los presupuestos de 2012 representan el 8,7% de los
generales de la Comunidad, dos décimas más que en
2011. Los presupuestos de la Consejería de Familia en
millones.
Las políticas de gasto en servicios sociales fueron en
2010 de 337,34 millones y en 2011 de 726,07 millones.
La ejecución del presupuesto de gastos para 2010 fue
Como se observa en la Tabla 3, desde el año 2007 al
2010 se aumentó la financiación de los servicios
sociales de Castilla y León, tanto en dependencia,
como en programas de apoyo a familias, y en
programas de integración y participación social.