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Guinea
estar familiarizado con los protocolos a seguir, y con
técnicas de comunicación asertiva y resolución de
conflictos. Existen referencias en la bibliografía de que
tales intervenciones reducen significativamente la
frecuencia y duración de las medidas conflictivas. Los
profesionales implicados en la posible recomendación
de ese tipo de medidas, debemos ser conscientes del
efecto que tienen sobre las personas. Aún en las
mejores condiciones y con todas las justificaciones,
toda invasión de derechos personales es una situación
traumática de la que la persona afectada tendrá que
recuperarse.
Es sencillo encontrar evidencias abrumadoras de que
estos planteamientos no son meramente retóricos. Por
mencionar solo una, a propósito del fallecimiento de una
persona durante una situación de contención mecánica
en un país desarrollado, se realizó una encuesta
posterior que reveló docenas de precedentes similares
en los años recientes3. Observaciones similares se han
constatado en otros países donde se han monitorizado
estas situaciones.
Otra dimensión de los DDHH (que se suele describir
como derechos “positivos”) se caracteriza por requerir
actividad y recursos por parte de los estados y las
organizaciones sociales para su implementación.
Hablamos aquí, por ejemplo, del derecho a recibir
tratamiento y protección, de tratamientos con garantías
de suficiencia, efectividad y calidad, del derecho a la
inclusión social, a la participación, a la igualdad de
oportunidades. Aquí observamos la ratificación de una
gran cambio de perspectiva a nivel global. Al menos
por lo que se refiere a la visión expresa de los estados
miembros de organismos internacionales como la ONU,
la asistencia a los necesitados se contempla no ya
como un acto de caridad, opcional y graciable, sino
como el reconocimiento de un derecho personal y
correlativamente, como una obligación de los estados.
Desde esta perspectiva, el problema aparece en las
condiciones materiales de su implementación. Es un
doble problema. Por un lado, el que deriva de la
limitación de los recursos disponibles, siembre escasos
y en competición con otras necesidades. Y por otro, de
gestión de prioridades y de voluntad política. En
términos realistas, es necesario ser conscientes de
cómo la limitación de recursos constriñe la actividad de
todos los países. Piénsese, por ejemplo, en los países
en desarrollo, con problemas endémicos de salud por
atender, como puedan ser la malaria o el SIDA.
Ello desplaza el acento hacia los aspectos
relacionados con la equidad. En este sentido la OMS
informa que, a pesar de que las evaluaciones
efectuadas desde 20014, que muestran que los
problemas graves relacionados con la salud mental
están entre los grupos de patologías que más
contribuyen al sufrimiento de las poblaciones (en
términos de ponderación de años vividos en
2 Rehabilitación Psicosocial 2013; 10 (2): 1-3
discapacidad), los recursos destinados a su atención
son desproporcionadamente bajos respecto de otras
enfermedades. Lo que representa una clara falta de
equidad hacia las personas con enfermedad mental.
En términos prácticos, la OMS propone cinco áreas
estratégicas en la promoción de los DDHH en Salud
Mental5. Cinco aspectos en que las personas afectadas
por enfermedad mental deberían poder acceder en
condiciones de equidad con los demás ciudadanos de
su entorno a los siguientes aspectos.
El derecho a un adecuado estándar de vida, que se
refiere a condiciones de vivienda digna, y
especialmente a procedimientos institucionales que
eviten la masificación, la pobreza en la higiene, la
degradación.
El derecho de acceso a la mejor condición de salud
física y mental posibles, que se refiere como mínimo al
acceso a medicinas y tratamientos, asesoramiento,
apoyo a los cuidadores, y atención a posibles de
patologías concomitantes.
Atender el derecho a la capacidad legal requiere
primero que se informe y solicite consentimiento en las
medidas que afecten a la persona, y a tomar decisiones
informadas. Y en situaciones en que se necesite
suspender los derechos, al derecho a la tutela legal
efectiva, y disponer de garantías de procedimiento y
supervisión de las medidas.
El derecho a no ser objeto de explotación, tortura,
castigo o trato inhumano o degradante o violencia
aparentemente se explica por si mismo, pero aquí debe
tomarse nota de cómo las organizaciones
internacionales de usuarios claman que, en la
actualidad, algunas intervenciones sanitarias colisionan
con este principio.
El derecho a la vida independiente y a vivir incluido en
la comunidad atañe a la posibilidad de disfrutar de los
recursos comunitarios, participar del ocio y de las
actividades sociales o religiosas, etc., pero también
requieren analizar la persistencia de formas actuales de
manicomio en dispositivos de nueva creación, o los
nuevos fenómenos de transinstitucionalización.
La consideración de la perspectiva de los Derechos
Humanos en Rehabilitación Psicosocial puede tener
implicaciones varias. Una de ellas, quizás la más
inmediata, es que la evaluación de los servicios desde
el punto de vista de los DDHH puede funcionar como
un modo de control de calidad, o de evaluación la
mayor o menor orientación hacia la recuperación del
funcionamiento cotidiano los servicios. De hecho, existe
un protocolo de evaluación de la OMS que se podría
usar al efecto5.
Una evaluación así ofrecería una buena oportunidad
para que los profesionales revisaran una vez más sus
medios y sus intervenciones. Los informes y
evaluaciones disponibles indican que muchas veces,
las condiciones materiales de los servicios y las