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Guinea
Se afirma que actuar sobre los determinantes sociales
sería la forma más coste efectiva de promover la salud
mental y prevenir las enfermedades mentales55. Se
indica como blancos estratégicos en ese sentido
específico: invertir en programas para mejorar las
condiciones de la gestación y el neurodesarrollo que
combatan el uso de drogas durante el embarazo:
promover hábitos saludables como la lactancia
materna, apoyar a las embarazadas adolescentes o
limitar la exposición de los niños a la violencia.
La perspectiva de los derechos humanos
Europa es reconocida como la región mundial con
más alto nivel de implementación de DDHH56. Sin
embargo, la potencia transformadora del concepto de
derechos humanos en salud mental sigue siendo
destacada.
El Observatorio Europeo también señala que al
mismo tiempo que en una gran parte del continente
europeo se ha producido un movimiento de alejamiento
respecto a los servicios centrados en hospitales,
especialmente en los países con mayores ingresos
económicos, ha tenido lugar una «reconceptualización»
gradual de las necesidades, con mayor hincapié en los
derechos humanos y en la inclusión social.
En 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas
aprobó una resolución por el que se establecía una lista
de 30 derechos básicos, e inherentes a la condición
humana. En derecho internacional, esta declaración
inicial constituyó un documento orientativo que se
concretó en Pactos Internacionales de Derechos
Humanos, que se convirtieron en tratados
internacionales al ser ratificados por los países y
entonces adquirieron valor vinculante y eficacia jurídica. obviamente contiene implicaciones claras en el terreno
Vasak57 divide los DDHH en tres tipos: los vinculados
al principio de libertad, como el derecho a la vida e
integridad física, libre circulación, libertad de
pensamiento, sufragio, etc.; los vinculados al principio
de igualdad, como el derecho al trabajo, a la seguridad
social, a la salud o la educación, y los vinculados al
principio de solidaridad universal, como el derecho a la
paz o a la calidad de vida, que requieren de esfuerzos
coordinados y supranacionales.
Es interesante notar que los del primer tipo son
derechos de tipo negativo que exigen la inhibición y no
injerencia del poder público en la esfera privada de las
personas. En cambio, para su realización efectiva, los
de segundo tipo exigen intervenciones positivas de los
poderes públicos a través de prestaciones y servicios.
Por ejemplo, el derecho al mayor estándar alcanzable
de salud física y mental, representa un deber afirmativo
para los Estados firmantes de los Tratados
Internacionales, que se comprometen a la
implementación de programas y al aporte de medios.
Es aquí obvio el límite que supone la limitación de
recursos propia de cualquier actividad económica, la
41 Rehabilitación Psicosocial 2014; 11(1): 28-45
competición de estos objetivos con otros de los
Estados y la necesidad de equidad y justicia en la
administración de ese tema.
En Europa, el tratado Básico sobre derechos
Humanos es la carta de Derechos Fundamentales de la
UE (Charter of Fundamental Rigths of the European
Union)58, que entró en vigor como parte del tratado de
Lisboa en 2009. Sobre esa base, en 2007 se ha creado
una agencia especial (European Union Agency for
Fundamental Rights, FRA)59 que tiene proyectos
relacionados con salud mental en la línea expresa de la
Convención de la ONU de Personas con
Discapacidad60, y está monitorizando algunos
parámetros (por ejemplo barreras en el acceso a
servicios de salud a determinados colectivos, etc.)
La OMS y la ONU han trabajado en los últimos años
en la dirección de examinar y proteger la situación de
las personas con discapacidad, y de entre estos los
que padecen problemas de salud mental.
La Asamblea General de la ONU aprobó en 1991 la
resolución La Protección a las Personas con
Enfermedad Mental y la mejora de la Atención en Salud
Mental (“The Protection of persons with Mental Illness
and Improvement of Mental Health Care”, los MI
Principles)61, que no es vinculante para los estados,
pero representó un hito y una anticipación a reglas
posteriores.
En 2006 se aprobó en Nueva York la Convención de
Los Derechos de las Personas con Discapacidad60,
poniendo de relieve los principios de dignidad, no
discriminación, inclusión, respeto a la diferencia,
igualdad de oportunidades, accesibilidad, igualdad de
hombre y mujer, y respeto a la evolución de facultades
de niños/as y a preservar su identidad.
Esta norma ha sido ratificada por muchos países y
de la RPS. Ha sido saludada con entusiasmo por las
organizaciones de usuarios internacionales y europeos
(en este caso representados por WNUSP)62, porque
según entienden, representa un cambio de paradigma,
del paternalismo a los DDHH, habla de autonomía y
apoyo, de posibilidad de elegir el tratamiento (o el no
tratamiento), de la necesidad de servicios de calidad (y
el derecho a no recibirlos).
El terreno de salud mental es muy delicado en tema
de DDHH debido a que con frecuencia se plantean
situaciones que se considera demandan prácticas
restrictivas temporales de determinados derechos
individuales del paciente, que la psiquiatría asume y la
legislación permite y regula.
Se considera63 que la relación de los DDHH con la
salud mental tiene tres perspectivas. Una, la de que las
políticas coercitivas de salud mental pueden colisionar
con los DDHH (y de hecho colisionan regularmente);
dos, que las invasiones de los derechos afectan
dañinamente la salud mental de las personas; tres, que