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Europa. Sin embargo, la desigualdad también se
encuentra en cada país y región. Se reconoce que
algunos países de Europa lideran al mundo en
concepto e implementación de políticas. La mayoría
presentan políticas contra el estigma, con financiación
de gobiernos y participación de ONGs y organizaciones
profesionales. Poco más de un tercio tienen políticas de
investigación sobre el impacto de los problemas de
salud mental sobre la población. Una cuarta parte de
países de la región europea de OMS (la mayoría de los
de la Europa política) tiene programas de prevención
(casi siempre centrados en suicidio y depresión). Existe
sensibilidad hacia los problemas de niños y jóvenes,
pero en contraste mucha menos sensibilidad hacia los
de los mayores.
Más de las mitad de países informan de programas
específicos para grupos vulnerables, aunque hay
mucha variación respecto de cuáles son esos grupos,
especialmente si captamos entre norte-oeste y sur-este
(minorías étnicas, refugiados…). Se señala el problema
de accesibilidad a cuidados de salud física de las
personas con problemas mentales (SIDA, ETSs y salud
reproductiva, abuso de sustancias…). Se indica la
importancia y la diversidad de modos de lograr
cooperación intersectorial (entre sistemas de salud,
salud mental, educativo, de servicios sociales, o
justicia). En algunos países existen políticas
intersectoriales definidas, en otros queda al albur de las servicios).
diferentes instituciones o de las ONGs, especialmente
en Europa del Este, que a veces logra coordinaciones
solo bajo la presión de las circunstancias.
Se informa que existen grandes variaciones en la
formación de los profesionales, incluso dentro de los
mismos países; falta regulación respecto de lo que
debería ser la formación continua, y consenso respecto
a cuales son las habilidades profesionales que se
deben potenciar; pocos países tienen guías claras de
buenas prácticas. Todos los países monitorizan un
mínimo de datos epidemiológicos de tipo hospitalario,
pero pocos ofrecen indicadores útiles desde la
perspectiva de salud mental comunitaria, y los datos
recogidos son heterogéneos y no permiten
comparaciones entre países; se señala que es
necesario avanzar en la convergencia de sistemas de
información.
Respecto de la financiación, se encuentra que en
general el porcentaje de gasto en salud mental crece
proporcionalmente con el PIB de los países; la
proporción empleada en promoción de la salud mental
o prevención es baja o inexistente; el acceso a
medicamentos, que debería ser sencillo para las
personas con enfermedad mental, con frecuencia no lo
es, especialmente para los colectivos más vulnerables
o excluidos; en algunos países se reporta incluso
dificultad de suministro de medicamentos; es frecuente
el copago de servicios psicosociales y pocos países
La Rehabilitación Psicosocial en Europa
financian los servicios considerando la equidad en el
acceso a los servicios.
La mayoría de países tienen legislación que prohíbe
los tratos inhumanos o degradantes, pero es mucho
menos claro que esa legislación se aplique. El
incremento de servicios comunitarios ha incrementado
la posibilidad de elección de los usuarios. Sin embargo
se mantienen informes de tratos degradantes en
algunos países, especialmente en hospitales o
residencias; relacionados con una combinación de tres
factores: restricciones económicas, escasez de
personal y factores culturales. Hay países en que la
posibilidad de representación o protección legal ante
abusos es muy pobre. Se indica que es necesario
avanzar en las oportunidades de integración social; la
mayoría de países protegen a las personas con EMG a
través del sistema de protección general a la
discapacidad, y ofrecen apoyo económico para
alojamiento, o incentivos a las empresas para su
empleo. En la Europa noroccidental ha habido grandes
progresos (en la línea de la perspectiva de la
recuperación) en el reconocimiento de usuarios y
cuidadores como socios del proceso, aunque no se
cumplen aun las varias expectativas (por ejemplo, que
los usuarios participen en la inspección de los
El estudio describe y aporta detalles superficiales del
funcionamiento de la gama de servicios especializados
de RPS existentes, aunque también es común (como
pasa en España) que con la misma denominación se
puedan referir a servicios bastante diferentes entre sí.
Se describe y aporta detalles de: servicios ambulatorios
de salud mental, hospitales de día, dispositivos
comunitarios de crisis (de funcionamiento solo diurno o
de 24 horas), teléfonos de asistencia, distintos sistemas
de tratamiento en el domicilio (en algunos países), de
tratamiento asertivo comunitario, de atención precoz.
Se describen distintas modalidades de servicios
residenciales comunitarios (pisos con distintos grados
de supervisión, residencias, casas de transición,
comunidades terapéuticas), que a veces dependen de
los departamentos de salud y otras de bienestar social.
El informe señala que casi todos los países disponen
de leyes, planes o políticas para implantar servicios
diferenciados de rehabilitación psicosocial, pero solo 10
de los 42 informan de que posibilitan el acceso de
todos o casi todos los usuarios que lo precisan.
En más de la mitad de los países hay unidades para
personas con enfermedad mental con problemas
judiciales (denominadas unidades forenses, unidades
de seguridad o hospitales especiales) que, de nuevo,
funcionan de manera diversa. En Italia, por ejemplo,
solo son enviados por los tribunales, pero en Reino
Unido en esos servicios se mezclan pacientes
ingresados por orden judicial con otros pacientes con
“conductas difíciles”. En Dinamarca, las unidades
Rehabilitación Psicosocial 2014; 11(1): 28-45 36