Page 44 - Revol111

las medidas positivas de promoción de los DDHH y de
las de la salud mental pueden tener efectos sinérgicos,
ya que la salud mental y el ejercicio de los derechos
están inextricablemente unidos.
Respecto de la primera perspectiva, de hecho, se
admite (como se venía haciendo) que en beneficio de
la persona, y de la sociedad puede ser necesario el uso
de medidas restrictivas y limitadoras de derechos
básicos (de autonomía, libertad, propiedad, o
privacidad), pero que entran en conflicto con los DDHH
si en ese interés se toman medidas arbitrarias,
discriminatorias, o en ausencia de un procedimiento
adecuado.
En ese sentido, una reciente revisión64 aporta datos
importantes: las medidas cuestionables son
relativamente frecuentes, especialmente en salas de
urgencias o de agudos, (el aislamiento, entre el 0 y el
66% según diferentes informes; la contención física, del
0,4 al 9,0%). Los informantes se hacen eco de varias
revisiones que reportan de una sorprendente falta de
estudio sobre la eficacia de esas medidas, y de que
tras una investigación sistemática federal en USA sobre
la muerte de un adolescente sometido a restricción, se
encontraron 152 casos más en la década anterior y
estimaron la probabilidad de entre 50 y 150 casos
anuales de mortalidad en EEUU asociada a esas
medidas. Tras esos estudios (Informe Hartford), se
emitieron recomendaciones de aumento de la
regulación de esas situaciones y de la vigilancia
durante ellas que lograron reducir las contenciones en
un 50% y en un 40% su duración, sin menoscabo de la
seguridad. El estudio encuentra que el uso de esas
medidas correlaciona más con el tipo de centro donde
se emplean que con grupos étnicos, o de diagnósticos.
En el momento de la publicación, los autores señalaban
la ausencia generalizada en Europa de suficiente
regulación, en supuestos de contención o aislamiento.
La Unión Europea65, creo un grupo de trabajo con
representantes de 12 países, para estudiar el tema y
emitir recomendaciones. Su trabajo, en la misma línea,
enfatiza la necesidad de estandarizar y regular los
procesos, y recomienda un conjunto de directivas:
mejorar la información al paciente de las razones de su
internamiento y de su duración previsible; ser
conscientes de los conflictos de DDHH posible durante
el ingreso; estimular la participación de la familia en el preventiva y otros grupos vulnerables (inmigrantes,
proceso; mejorar la comunicación entre el hospital y los
recursos comunitarios; organizar sobre el tema
reuniones seminarios o grupos de trabajo con usuarios;
y mejorar la formación de los profesionales sobre
afrontamiento de conductas agresivas, aspectos
clínicos de los cuadros severos, aspectos legislativos
de los ingresos involuntarios y habilidades de
comunicación.
Gostin63 indica tres áreas sensibles que se debe
garantizar: el respeto a derechos fundamentales en el
La Rehabilitación Psicosocial en Europa
internamiento involuntario (la representación legal, la
de ser escuchado y la de poder elegir expertos
independientes); el derecho a condiciones dignas de
confinamiento (a no recibir trato abusivo o degradante,
y a tratamientos suficientemente avalados); y a la
protección de derechos cívicos (privacidad). Subraya
también la perspectiva de la importancia de los
derechos humanos de la mujer en la salud mental:
situaciones de discriminación, violencia, restricciones
en su libertad de elección o en el acceso a la
propiedad, o en su rol sexual, tienen un impacto sobre
su propia salud mental y potencialmente sobre su
descendencia.
La OMS ha publicado recientemente un manual para
los estados o ONGs, el WHO Quality Rigths tool kit66
diseñado para difundir y evaluar el nivel de calidad y
cumplimiento de los DDHH enfocado expresamente
para personas con problemas de salud mental
(psiquiátricas, neurológicos o de retraso intelectual),
que delimita cinco áreas: el derecho a un adecuado
estándar de vida y protección social; al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental; al ejercicio de
la capacidad legal, libertad personal y seguridad;
protección ante la tortura, trato cruel o degradante,
castigo o explotación, violencia o abuso; y derecho a la
vida independiente y a ser incluidas en la comunidad.
Cada área tiene un cuestionario detallado diseñando la
evaluación objetiva a través de entrevistas
estructuradas a usuarios, profesionales y familiares,
informes procedentes de observación o revisiones de
documentación, que se pueden usar desde para la
evaluación de servicios individuales hasta a escala de
un país. Es probablemente el documento práctico más
completo y útil en este momento.
El Plan de Acción de la OMS 2013-2067 se puede
considerar una continuación de documentos anteriores,
pero con una tendencia muy interesante. Como en
documentos anteriores, sin centrarse en la RPS, se
refiere de manera especial a los grupos más
necesitados de tratamiento y protección, personas con
esquizofrenia o trastorno bipolar, demencia, depresión,
y también discapacidad intelectual, epilepsia o
trastornos de comienzo en la infancia. Pero avanza de
manera clara en situar en contexto a los trastornos
mentales, relacionándolos con los determinantes
sociales: la pobreza, la exposición a violencia o el no
respeto a los derechos humanos. También se preocupa
de la situación de los niños como una estrategia
indígenas, personas expuestas a desastres,
condiciones abusivas de trabajo). Se hace eco del
problema de la reinstitucionalización, o de la negación
de los derechos sociales a las personas con
enfermedad mental. Se basa en 6 principios y enfoques
transversales: la cobertura sanitaria universal, los
derechos humanos, la práctica basada en evidencias,
Rehabilitación Psicosocial 2014; 11(1): 28-45 42