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López M et al. El sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia y las personas con trastorno mental grave
Se regula así un marco general para el desarrollo de pres-
taciones de apoyo social a personas con discapacidad que,
de manera explícita, incluye, finalmente y tras algunos ava-
tares previos, a las personas con trastorno mental grave. Lo
que significa, para este colectivo tradicionalmente margina-
do de la atención sanitaria y social, la apertura de claras
oportunidades de inclusión social, al convertir determina-
das prestaciones no sanitarias en un derecho subjetivo, en
vía de universalización. Parece romperse así, tras la integra-
ción de la atención sanitaria en salud mental dentro de las
prestaciones comunes del Sistema Nacional de Salud, otro
de los correlatos (a la vez consecuencia y refuerzo) del sis-
tema de atención manicomial, secularmente ligado a la
«atención» a este colectivo.
Pero el proceso, tal y como se está configurando en la ac-
tualidad, no está exento de incertidumbres y riesgos. Ries-
gos que recuerdan, una vez más, las dificultades reales que,
más allá de la letra de la Ley General de Sanidad, rodearon
y rodean aún la plena integración de la atención en salud
mental en el marco del sistema sanitario general, en éste y
en otros países de nuestro entorno. Dificultades ambas
que, al igual que otras que afectan a políticas educativas, de La Ley y el Sistema para la Autonomía
empleo o al tratamiento de la información, hunden sus
raíces en el aún omnipresente fenómeno social que descri-
bimos con el término «estigma» y que, a su vez, está estre-
chamente relacionado con la visión del hospital psiquiátrico
como «espacio natural de la locura» en nuestras socieda-
des7,8.
Los riesgos hacen referencia a aspectos concretos que
parecen ignorar o, al menos, infravalorar una vez más las es-
pecificidades del colectivo en temas como los baremos que
determinan los niveles de necesidad, los instrumentos
que los miden, la tipología de prestaciones o las necesida-
des de articular de manera individual y personalizada la
atención sanitaria y social a estas personas. Pero que tam-
bién pueden resumirse en un dilema general, sobre el que
la propia Ley parece mostrar todavía alguna contradicción,
visible incluso en los dos términos que la definen: «autono-
mía» y «dependencia». En definitiva, se trata de saber si lo
que prima es la intención, formalmente enfatizada en el
texto, de establecer mecanismos que fomenten la autono-
mía de las personas o, como parecen reflejar muchas dispo-
siciones concretas así como la referencia terminológica
más habitual («Ley de Dependencia»), la de plantearse una
atención que podríamos llamar «paliativa» de aquellas per-
sonas a las que damos por hecho que van a ser dependien-
tes toda su vida. Contradicción que, al menos en el caso de
las personas con trastornos mentales graves, pero probable-
mente también en el de otros colectivos con discapacidad,
tiene una importancia fundamental de cara al estableci-
miento de un sistema de atención con objetivos de recupe-
ración9 o de volver nuevamente a un sistema de exclusión
social, aunque sea con niveles de «calidad» hotelera y res-
peto personal algo mejores que los de los viejos manicomios.
12 Rehabilitación psicosocial. 2007; 4(1):11-27
Por eso es importante analizar estos aspectos y preparar-
nos para un trabajo necesariamente continuado y riguro-
so que nos permita definir las necesidades y establecer los
mecanismos de atención a este colectivo dentro del nuevo
sistema, basados en prestaciones de razonable efectividad y
eficiencia así como en una adecuada coordinación intersec-
torial.
De cara a facilitar el análisis y la discusión sobre el tema,
presentamos a continuación alguna información que nos
parece relevante en relación con las características genera-
les de la Ley y el sistema que pone en marcha, las caracte-
rísticas y necesidades propias de las personas con trastorno
mental grave y una relación más detallada de los aspectos
que, en nuestra opinión, necesitarían modificaciones o de-
sarrollos específicos para mejorar su atención. Para ello,
lógicamente nos basamos en nuestra experiencia de desa-
rrollo en Andalucía de programas específicos de apoyo so-
cial, articulados con los sanitarios, desde la Fundación
Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental
(FAISEM)10-12.
y la Atención a la Dependencia
La Ley finalmente aprobada a finales del año pasado y cu-
ya estructura general puede verse en la tabla 1, lleva, como
hemos mencionado, el título integrador de Ley de Promo-
ción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia13, e incluye entre sus beneficia-
rios a las personas con discapacidad consecutiva a una en-
fermedad mental. Aunque, como puede verse en una lectura
atenta del texto, la integración real entre, por un lado, los
objetivos de fomentar la autonomía y atender a las perso-
nas dependientes y, por otro, las personas con enferme-
dad mental y las afectadas por otros tipos de discapacidad
son, en ambos casos, netamente mejorables.
En el primer caso, porque los aspectos referidos al fomen-
to de la autonomía son escasos, más allá de las declaracio-
nes de principio, poniéndose el acento en la atención a
personas en situación de dependencia de carácter perma-
nente. Y, en el segundo, como intentaremos ir mostrando
a lo largo del texto, porque la inclusión del colectivo que nos
ocupa, que sólo se produjo en las fases finales del proceso
de elaboración de la Ley, está lejos de estar bien ensambla-
da en una iniciativa que parecía inicialmente dirigida a
personas mayores o con discapacidades físicas generalmen-
te poco o nada reversibles.
Pero antes de situar estos problemas vamos a intentar pre-
sentar un resumen ordenado de los elementos más intere-
santes de la Ley y de sus previsiones, desarrollando con
algo más de detalle aquellos aspectos que consideramos de
especial relevancia para nuestro objetivo.