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López M et al. El sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia y las personas con trastorno mental grave
aspectos no definitivamente resueltos. Uno es el de la espe-
cificación de los distintos servicios incluidos, desarrollan-
do los apartados de «centro de día de atención especializada»
y «centro de atención residencial en distintos tipos de dis-
capacidad» para establecer los distintos tipos de servicios ne-
cesarios para dar cabida a la variedad de necesidades de
apoyo de estas personas. Así, en el programa residencial
habrá que especificar distintos niveles de atención en fun-
ción del grado de supervisión y apoyo que implican11,12,64,67-
69, así como la articulación entre los servicios generales de
ayuda a domicilio y los específicos de apoyo domiciliario a
este colectivo, en función también de las necesidades de
«especialización» de la atención que necesiten. Y lo mismo
en lo que respecta a los programas de día, diferenciando al
menos entre actividad ocupacional y de ocio10,59.
e) También en relación con los servicios y prestaciones se
sitúa el «espinoso» tema de la atención pública, privada y
familiar. Y a ese respecto queremos adelantar nuestra cla-
ra opción por un sistema público de atención, como com-
plementario de la integración familiar, en aquellos casos en
que sea posible o sustitutorio de la misma cuando no lo sea.
Posición que responde, además de a una opción que podrí-
amos denominar «política» (en realidad de defensa de de-
terminados valores personales y sociales)9, a una valoración
profesional sobre la dificultad de cubrir este campo de
atención desde lógicas de beneficio empresarial, sin dis-
minuir la efectividad y la eficiencia de las prestaciones. Y ello los distintos tipos y sistemas de servicios. Integrando, en
en términos de formación del personal, de articulación con
los servicios sanitarios públicos y de prestación de cuidados
en entornos pequeños, condiciones en las que hemos insis-
tido anteriormente.
f) Esto enlaza además con el tema de los estándares de ca-
lidad de los servicios, aspecto en el que nos tememos una
batalla importante en los próximos años. Así, aunque el
criterio de compatibilizar extensión de la cobertura y sos-
tenibilidad económica y las llamadas a la eficiencia son
siempre pertinentes, mucho nos tememos que habrá que pe-
learse por defender, una vez más, que más eficiencia no es
identificable automáticamente con menor coste y que, por
ejemplo, pretender atender a un número creciente de per-
sonas (30, 40, 60, etc.) en una misma estructura residencial
puede ser más barato que hacerlo en espacios con menor
número de residentes, pero no permite decir que estamos
contribuyendo a fomentar la autonomía personal y la cali-
dad de vida de las mismas desde la óptica de recuperación
y ciudadanía que defendemos9,12,51,64-69 tanto nosotros co-
mo el texto de la Ley.
g) También hay que señalar aquí, y aunque éste es un te-
ma especialmente delicado por los riesgos de generalización
injustificada y mala interpretación que conlleva una expo-
sición sumaria, el carácter potencialmente conflictivo de las
prestaciones económicas para cuidados en el entorno fami-
liar. Y ello porque, si bien pueden servir en ocasiones con-
cretas para incentivar un cuidado en el seno de la familia,
no hay que menospreciar el riesgo de conflictos de intere-
ses entre las necesidades de cuidados y autonomía de la
persona y la estabilidad económica del grupo. Conflictos
que, en entornos económicos y sociales difíciles como los
que rodean a bastantes personas con trastornos mentales
graves, pueden verse ahora en más de una ocasión con el te-
ma de las pensiones.
h) Y, finalmente, hay también algunos aspectos del pro-
cedimiento previsto en la Ley que, a falta de su regulación
concreta en cada Comunidad Autónoma, ofrecen, en nues-
tra opinión, posibilidades de un funcionamiento inadecua-
do en la perspectiva de la atención comunitaria. Así, aunque
la Ley lo contempla, habrá que asegurar en la práctica la
coordinación entre atención sanitaria, servicios incluidos
en el SAAD y otros programas de apoyo social, tanto en la
integración de la información pertinente para valorar las
necesidades y establecer los programas de intervención, co-
mo para organizar la atención compleja, continuada y de ca-
lidad que estas personas requieren. En concreto, podemos
pensar, por ejemplo, en el efecto negativo de un procedi-
miento similar a los actuales de asignación de plazas residen-
ciales para personas mayores (listas únicas en función de
baremos generales) por contraposición a la necesidad de
valorar, desde la intersectorialidad pero de manera indivi-
dualizada, cada persona y su contexto, así como de inte-
grar también personalizadamente los planes de atención de
definitiva, en un único plan o programa personal los distin-
tos planes y programas de atención o tratamiento de cada sis-
tema, administración y profesional.
A modo de conclusión
Como resumen final creemos que hay que ser, en primer
lugar y por encima de todo, razonablemente optimistas en
el sentido de que, tanto la Ley como el SAAD suponen un
importante paso adelante en la articulación de un sistema
de protección social a colectivos tradicionalmente excluidos,
entre los que están de pleno derecho las personas con tras-
tornos mentales graves. En ese sentido, supone un positi-
vo impulso a un modelo razonable de Estado del Bienestar,
a la vez que una oportunidad clara de mejorar la atención
comunitaria a este colectivo.
Pero tampoco podemos olvidar, aunque quedan bastan-
tes aspectos por desarrollar en el sistema de atención, que
este proceso sigue presentando dificultades y riesgos para
esta plena integración, lo que va a exigirnos un trabajo se-
rio y riguroso, tanto para la determinación de necesidades
individuales y colectivas, como para el establecimiento de
modelos de prestaciones basados en la evidencia (efecti-
vos y eficientes), incluyendo la sistematización de pautas de
coordinación intersectorial (salud, servicios sociales, edu-
cación, empleo, justicia) que faciliten y no entorpezcan la
Rehabilitación psicosocial. 2007; 4(1):11-27 25